Caso Rolex

El caso Rolex, también conocido como Rolexgate, surge a partir de un informe periodístico que expone supuestos actos de corrupción por parte de Dina Boluarte, presidenta del Perú en 2024. Este escándalo, desencadenado por la publicación de fotografías que muestran a Boluarte luciendo relojes de alta gama no declarados ante las autoridades competentes, ha generado una investigación fiscal y política extensa.

El presente artículo aborda el período desde marzo de 2024 hasta principios de 2025, centrándose en los actores principales como Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima y Gustavo Adrianzén. Explora la evolución del caso a lo largo de este lapso, incluyendo las investigaciones preliminares, las reacciones políticas y judiciales, así como las implicaciones para el gobierno peruano.

Origen del caso Rolex

El informe periodístico publicado por Ernesto Cabral en La Encerrona desencendió las primeras acusaciones contra Dina Boluarte. Este reportaje detalló cómo la presidenta lucía relojes de lujo y accesorios que no habían sido declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones, generando una controversia inmediata.

En fechas posteriores a este informe, se revelaron más detalles sobre los bienes de Boluarte. Entre ellos destacaba la pulsera Love Pave de Cartier valorada en 50 000 dólares y varios relojes Rolex recién adquiridos, lo que profundizó las sospechas de corrupción.

La divulgación del uso de estos artículos de lujo por parte de Boluarte desencadenó investigaciones preliminares iniciadas por el Ministerio Público. Estas acciones se centraron en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición y no declaración de relojes Rolex, lo cual representaba un desequilibrio patrimonial significativo.

El 20 de marzo, Boluarte fue notificada formalmente por el Ministerio Público acerca de las investigaciones preliminares en su contra. En esta instancia, la presidenta expresó su disposición a comparecer ante la Fiscalía para esclarecer las acusaciones y negar cualquier irregularidad en su patrimonio.

Investigaciones preliminares

El Ministerio Público inició investigaciones preliminares contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento indebido y no declarar relojes Rolex de lujo el 20 de marzo. La División de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales se encargó de esta pesquisa, señalando que Boluarte no informó estos bienes ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En la ciudad de Lima, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tomó cartas en el asunto. Esta unidad judicial llevó a cabo un allanamiento en la casa residencial de Boluarte y en Palacio de Gobierno para recabar pruebas sobre los relojes Rolex mencionados en las acusaciones periodísticas.

El 20 de marzo, tras iniciarse las investigaciones preliminares, el Ministerio Público emitió un comunicado oficial informando que la investigación se centraría en determinar si Boluarte había cometido actos de corrupción al no declarar relojes Rolex y otros bienes de valor.

Allanamiento en la casa presidencial

El 29 de marzo, equipos del Ministerio Público y de la División de Investigación Criminal realizaron un allanamiento en la residencia privada de Dina Boluarte, ubicada en Surquillo. Alrededor de las 11:00 p.m., los agentes ingresaron al domicilio para recabar pruebas relacionadas con el caso Rolex. Durante esta diligencia, se hallaron varios relojes y otros objetos de valor, incluyendo una pulsera de oro.

Mientras la pesquisa avanzaba, Boluarte confrontó verbalmente a los fiscales presentes en su residencia. La presidenta negaba proporcionar bienes valiosos como evidencia, generando un clima tenso entre ambas partes. A pesar del conflicto inicial, el equipo de investigación continuó con sus diligencias hasta la madrugada siguiente.

En medio de esta situación, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, convocó a una reunión de emergencia para discutir las acciones posteriores al allanamiento. La administración presidencial buscaba reaccionar ante el escrutinio público y los cuestionamientos surgidos como resultado de la operación policial.

La noche del 29 de marzo dio paso a nuevas diligencias en Palacio de Gobierno, donde se hallaron varios relojes metálicos pertenecientes a marcas distintas a Rolex.

Inspección en Palacio de Gobierno

El 29 de marzo, tras realizar un allanamiento en la residencia privada de Dina Boluarte en Surquillo, equipos del Ministerio Público y de la División de Investigación Criminal continuaron con diligencias adicionales al promediar las 5:00 a. m., ingresando esta vez al despacho presidencial ubicado en Palacio de Gobierno.

Durante este procedimiento, los fiscales hallaron varios relojes metálicos pertenecientes a marcas distintas a Rolex. Estos objetos fueron examinados meticulosamente por expertos forenses para determinar su origen y legalidad. La inspección en Palacio de Gobierno se llevó a cabo con la finalidad de recabar pruebas complementarias que apoyaran las investigaciones preliminares iniciadas el 20 de marzo.

Este hallazgo reforzó las sospechas sobre un posible desequilibrio patrimonial y no declaración de bienes ante el Jurado Nacional de Elecciones. La presencia de estos relojes adicionales incrementaba la complejidad del caso, ya que requería una evaluación detallada para establecer si Boluarte había cumplido con sus obligaciones legales de informar sobre su patrimonio.

La diligencia en Palacio de Gobierno se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y privacidad. Los fiscales trabajaron intensamente para analizar la documentación relacionada con los bienes encontrados, incluyendo certificados de garantía y otros documentos que pudieran proporcionar evidencias sobre el origen y legalidad de estos relojes metálicos.

Mensajes y conferencias

El 30 de marzo, Dina Boluarte emitió un mensaje a la nación en respuesta al allanamiento realizado por fiscales tanto en su residencia privada como en el despacho presidencial. En este pronunciamiento, Boluarte rechazó tajantemente las acusaciones presentadas y calificó los procedimientos de los fiscales como un ataque sistemático contra ella y la institución presidencial. La presidenta declaró que se trataba de una cortina de humo con el objetivo de socavar la estabilidad democrática en Perú.

El 6 de abril, Dina Boluarte ofreció una conferencia de prensa para aclarar detalles sobre los relojes Rolex y otros accesorios de lujo que fueron objeto de las investigaciones. Durante esta reunión con periodistas, Boluarte explicó que los relojes fueron adquiridos mediante préstamos otorgados por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, y no como compras directas. Asimilando la controversia, la presidenta también aclaró que las joyerías utilizadas no pertenecían a Cartier, sino a Unique, una marca peruana.

Tras estas declaraciones públicas, Boluarte continuó negándose a entregar detalles específicos sobre los relojes y accesorios de lujo durante la investigación. Su abogado legal le recomendó mantener un perfil bajo y no hacer comentarios adicionales hasta que se determinara el momento adecuado para proporcionar más información.

En su mensaje a la nación, Dina Boluarte anunció su disposición para presentarse ante las autoridades competentes en algún momento indeterminado para declarar sobre la obtención de los relojes y accesorios de lujo.

Reacciones políticas

El Congreso peruano rechazó tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte en abril de 2024, lo que generó un debate intenso sobre las implicaciones legales y políticas del caso Rolex. Margot Palacios, congresista de la República, presentó una moción argumentando que la presidenta sufría de incapacidad moral permanente debido a las acusaciones de corrupción. Esta iniciativa fue respaldada por otras dos mociones adicionales, pero todas fueron desestimadas.

El 12 de abril de ese año, el Congreso emitió un informe que recomendaba archivar la denuncia fiscal contra Boluarte. El documento, elaborado por Nilza Chacón, sostuvo que las acusaciones no cumplían con los criterios constitucionales necesarios para avanzar en procesos judiciales contra funcionarios públicos. Según el análisis de Chacón, el delito de cohecho pasivo impropio no es contemplado en la lista de causales previstas por el artículo 117 de la Constitución peruana.

Este informe generó controversia entre los partidos políticos y las organizaciones civiles. Mientras que Fuerza Popular, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Renovación Popular apoyaron la decisión del Congreso, otros sectores criticaron lo que consideraban una protección excesiva para Boluarte.

El 20 de abril, un comunicado oficial del Ministerio Público confirmó la recepción formal del informe elaborado por Nilza Chacón. Este documento sentó las bases para la suspensión temporal de las investigaciones relacionadas con el caso Rolex, afectando significativamente la dinámica política y legal en torno al juicio contra Dina Boluarte.

Resumen

El caso Rolex, que involucra a Dina Boluarte cuando era presidenta del Perú, surgió tras un informe periodístico que reveló su uso de relojes y accesorios de lujo no declarados. El escándalo desencadenó investigaciones preliminares por parte del Ministerio Público, acusando a Boluarte de enriquecimiento ilícito y corrupción. A raíz de este caso, se realizaron allanamientos tanto en su residencia privada como en el Palacio de Gobierno para obtener evidencias que respaldaran las acusaciones.

El legado del caso Rolex incluye una serie de cambios legislativos que permitieron a Boluarte y sus sucesores recibir regalos, viajes y donaciones sin restricciones desde 2025. Sin embargo, la investigación continuó generando controversia política y judicial durante varios años, afectando significativamente la estabilidad del gobierno peruano en ese período.

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