Congreso Constituyente del Perú de 1931

El Congreso Constituyente del Perú de 1931 surgió en el contexto de un país emergiendo de más de una década de dictadura y aguardando la instauración de nuevas instituciones democráticas. Este cuerpo legislativo, convocado por David Samanez Ocampo tras el golpe que derrocó a Augusto B. Leguía, tuvo como misión principal redactar una nueva Constitución Política para reemplazar aquella impuesta durante la era leguiísta.

El presente artículo aborda el período 1931-1936, examinando las circunstancias que llevaron a la formación del Congreso y su labor constitucional. Se analizan los debates legislativos, la promulgación de la Constitución de 1933 y la posterior ampliación del mandato presidencial para Óscar R. Benavides tras el asesinato de Luis Sánchez Cerro.

Contexto Histórico

La larga dictadura del Oncenio, liderada por Augusto B. Leguía durante once años, terminó con un golpe de Estado en agosto de 1930 protagonizado por el comandante Luis Sánchez Cerro. Este período fue marcado por una severa crisis económica mundial que presionaba al país. Posteriormente, se sucedieron varias juntas militares hasta que David Samanez Ocampo asumió la presidencia de una Junta Nacional de Gobierno en un contexto de demandas populares para retornar a la normalidad política.

Durante el Oncenio, Leguía había impuesto una Constitución en 1920 que fue vista como necesitada de cambios tras su caída. Samanez Ocampo, reconocido por su papel en la lucha contra Leguía, se convirtió en figura central para pacificar al país y preparar el camino hacia elecciones generales.

Las elecciones del 11 de octubre de 1931 resultaron decisivas: Luis Sánchez Cerro fue elegido Presidente Constitucional de la República, superando a Víctor Raúl Haya de la Torre. Este triunfo abrió el camino para la instalación del Congreso Constituyente en diciembre de ese año, con la misión de redactar una nueva Constitución Política que rompiera definitivamente con el legado de Leguía.

En este período, las tensiones políticas entre los uristas y apristas se agudizaron, lo que llevó al gobierno de Sánchez Cerro a aprobar la Ley de Emergencia en 1932, permitiendo la expatriación de veintitrés congresistas apristas. Este hecho marcó un punto de inflexión en las relaciones entre el poder ejecutivo y los partidos políticos opositores.

Instalación

El 8 de diciembre de 1931, en Lima, se instaló formalmente el Congreso Constituyente del Perú. Luis Antonio Eguiguren asumió como presidente de este cuerpo legislativo recién elegido. En la ceremonia inaugural, Sánchez Cerro prestó juramento como Presidente Constitucional de la República ante los representantes reunidos.

En esta sesión inicial, el Congreso contaba con una mayoría significativa de urristas (67), mientras que la oposición aprista se manifestaba activamente desde sus 27 escaños. Entre los constituyentes notables estaban Manuel Seoane y otros líderes del APRA, quienes desafiaron abiertamente al gobierno.

El acta de instalación marcó el inicio formal de las discusiones para la redacción de una nueva Constitución Política del Perú, bajo la presidencia de Luis Antonio Eguiguren.

Extirpación de la minoría aprista

Pronto circularon rumores sobre conspiraciones e intentos de asesinato, protagonizados por los miembros del partido aprista. Estos rumores llevaron al gobierno de Sánchez Cerro a proponer al Congreso Constituyente la aprobación de una "Ley de Emergencia". Esta ley fue promulgada el 8 de enero de 1932 y otorgaba poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo para mantener el orden público. Entre los días 17 y 20 de febrero, la fuerza pública detuvo a veintitrés congresistas apristas y un descentralista, quienes fueron enviados al destierro.

La tensión entre gobierno y apristas aumentó cuando José Melgar Márquez, un joven aprista, intentó asesinar al presidente Sánchez Cerro. El mandatario resultó herido pero sobrevivió a este atentado. En respuesta, el gobierno ordenó la detención de Víctor Raúl Haya de la Torre y otros líderes del APRA. A principios de julio estalló una revolución en Trujillo, que fue reprimida con dureza por las fuerzas gubernamentales.

Debates Constitucionales

Los debates sobre los artículos constitucionales se centraron inicialmente en la ampliación del derecho al sufragio. Los representantes apristas, junto con algunos socialistas y descentralistas, propusieron otorgar el voto a partir de los 18 años y extenderlo a las mujeres con ciertas restricciones. Sin embargo, estas iniciativas no lograron el respaldo necesario para ser incluidas en la nueva Constitución.

Enfatizando sobre la autonomía del Poder Electoral, surgieron discusiones acerca de la necesidad de garantizar su independencia frente al poder político dominante. Los debates giraban en torno a la obligatoriedad y el secreto del voto, así como la representación proporcional para minorías políticas. Estos temas fueron objeto de intensas negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios.

Durante las sesiones constituyentes, también se discutió sobre la estructura del poder ejecutivo y legislativo, incluyendo la supresión del veto presidencial a las leyes parlamentarias. Estos debates tuvieron menos ímpetu que los relacionados con el sufragio, pero fueron cruciales para definir la arquitectura institucional de la nueva Constitución.

La Constitución de 1933

El Congreso Constituyente del Perú promulgó la nueva Constitución Política en ceremonia solemne celebrada el 9 de abril de 1933. Este día, Luis Sánchez Cerro prestó juramento ante los representantes reunidos como primer presidente bajo esta nueva ley fundamental.

Entre las principales innovaciones de la Carta Magna figura una reformulación del sistema político con medidas que buscaban modernizar el Estado peruano y responder a demandas sociales emergentes. La Constitución incluía disposiciones sobre el sufragio, la autonomía regional y las garantías individuales, aunque no logró incorporar plenamente los cambios propuestos por sectores progresistas como el derecho al voto para mujeres.

Luego de aprobar la nueva constitución, el Congreso Constituyente asumió funciones legislativas hasta 1936, fecha en que finalizaba el mandato presidencial de Luis Sánchez Cerro.

Elección de Benavides como Presidente

El 30 de abril de 1933, tras el asesinato del presidente Luis Sánchez Cerro en el Hipódromo de Santa Beatriz, el Congreso Constituyente convocó a sesión extraordinaria para elegir al sucesor. En esta reunión, los representantes urristas y aliados presentaron la candidatura del general Óscar R. Benavides. El debate sobre la elección se centró en garantizar la estabilidad política y económica del país frente a las tensiones internacionales y locales.

Después de un extenso análisis, el Congreso Constituyente votó para decidir quién completaría el mandato presidencial hasta 1936. En una sesión histórica, los 88 representantes presentes aprobaron la elección por mayoría abrumadora: Benavides obtuvo 81 votos. Este acto fue considerado como un paso crucial para asegurar la continuidad del gobierno y prevenir conflictos políticos.

El nombramiento de Óscar R. Benavides como presidente del Perú marcó el inicio formal de su mandato, que se extendió hasta el 8 de diciembre de 1936 según lo establecido por la Constitución recién promulgada.

Resumen

El Congreso Constituyente del Perú de 1931 surgió en un contexto político marcado por la caída del Oncenio y la necesidad de redención nacional tras años de dictadura. Instalado apenas dos meses después de las elecciones generales, este organismo tuvo como misión principal elaborar una nueva Constitución Política que rompiera con el legado del régimen de Augusto B. Leguía. Su labor legislativa se vio interrumpida por la emergencia política causada por los conflictos entre apristas y urristas, lo cual llevó al gobierno a aprobar una ley restrictiva de derechos que despojó a veintitrés congresistas de sus representaciones.

La Constitución promulgada en 1933 por este Congreso estableció importantes cambios en el sistema político peruano. Entre ellas destacan la ampliación del poder ejecutivo y la restricción de ciertos derechos políticos, lo cual sentó las bases para un modelo autoritario que persistiría durante décadas. Este período constituyente también dejó una herencia legislativa que incluye leyes sobre educación y reformas agrarias, aunque su impacto más significativo fue la consolidación de un Estado con mayores facultades para controlar a las oposiciones políticas.

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