Gobierno de Juan Velasco Alvarado

El 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas del Perú derrocaron al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry mediante un golpe de Estado institucional. Este evento marcó el inicio del gobierno de Juan Velasco Alvarado, conocido como velascato o primera fase del Gobierno de la Fuerza Armada del Perú.

El presente artículo aborda el período que va desde 1968 hasta 1975, durante el cual Juan Velasco Alvarado ejerció la presidencia de facto. Se analizan los principales actores y eventos que conformaron esta etapa crucial en la historia política del Perú, incluyendo su caída tras un golpe militar.

Intervención a los medios de comunicación

El gobierno de Juan Velasco Alvarado llevó a cabo una serie de medidas para controlar y nacionalizar los medios de comunicación en Perú, lo que marcó un cambio significativo en el panorama mediático del país. A través de la expropiación y nacionalización de periódicos, revistas y radioemisoras, Velasco buscaba establecer su influencia sobre la información y el discurso público.

Durante este período, los medios privados enfrentaron una presión creciente para ceder parte o toda su propiedad al Estado. En 1974, se confiscaron varios periódicos de circulación nacional como La Prensa, El Comercio, Última Hora, Correo y Ojo mediante el Decreto-Ley n.º 20681. Además, la revista Caretas, las radioemisoras Radio Noticias y Radio Continente, así como los diarios Expreso y Extra fueron clausurados y expropiados por el gobierno.

El control estatal sobre publicidad y programación televisiva se intensificó, especialmente después de que los canales privados vendieran al Estado un 51% de sus acciones en 1971. Esto permitió a las autoridades intervenir directamente en la producción y supervisión del contenido televisivo, asegurando así una mayor influencia sobre el público televisivo.

Reforma agraria

El gobierno del general Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria el 24 de junio de 1969, con el objetivo de poner fin al latifundismo y redistribuir las tierras entre los campesinos. Esta ley establecía que las tierras más productivas serían estatizadas y repartidas en cooperativas agrarias, mientras que aquellas de menor importancia pasarían a manos de los trabajadores rurales, quienes formarían sus propias cooperativas para su explotación colectiva. La reforma buscaba romper con el sistema tradicional de tenencia de la tierra y crear un mercado interno más diversificado.

Tras la expropiación de las haciendas, los campesinos se integraron a estas nuevas estructuras productivas, lo cual les permitió acceder a tierras para cultivar. Aunque la implementación fue rápida y radical, no siempre tuvo en cuenta la heterogeneidad del campo peruano ni el contexto cultural específico de cada región. La reforma agraria se aplicó tanto en la costa como en la sierra, pero no alcanzó a ser efectiva en la selva debido a las particularidades locales.

En 1974, el gobierno militar promulgó la Ley de Comunidades Nativas y Promoción Agraria para regular el acceso a la tierra en la región amazónica. Esta ley reconoció los derechos de titularidad legal sobre sus tierras a las comunidades indígenas, declarándolas inalienables e imprescriptibles.

Problemas en su gestión y caída del gobierno

A medida que avanzaba el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se incrementaron las tensiones con sectores económicos clave. Las fracciones oligárquicas y la burguesía industrial comenzaron a oponerse abiertamente a sus políticas reformistas, creando un clima hostil para su administración. El sector más conservador de las Fuerzas Armadas también mostró reticencia hacia la intensidad de las medidas tomadas.

En 1973, la economía peruana entró en una crisis profunda debido a su creciente dependencia del crédito extranjero y la inversión privada. Esta situación exacerbó el descontento interno, ya que los esfuerzos por redistribuir la riqueza agrícola no lograron satisfacer las necesidades básicas de la población rural. La demanda de alimentos y bienes de consumo aumentó drásticamente debido a políticas salariales más expansivas, pero el sector agrario no pudo responder adecuadamente.

La crisis culminó con una serie de protestas y movilizaciones sociales que pusieron en jaque la estabilidad del gobierno. En 1975, Velasco fue forzado a renunciar al cargo debido a la creciente oposición interna y externa, marcando el fin de un período político caracterizado por ambiciones reformistas pero también por graves falencias económicas y sociales.

Reforma educativa

Durante su gobierno, Juan Velasco Alvarado promovió una profunda reforma educativa dirigida por Alfredo Carpio Becerra. Esta iniciativa buscaba democratizar el acceso a la educación y transformar los métodos tradicionales de enseñanza que perpetuaban las desigualdades sociales. En 1972, se promulgó la Ley General de Educación, un marco legal fundamental para implementar cambios significativos en el sistema educativo peruano.

La reforma incluyó la creación de educación inicial y especial, así como la enseñanza bilingüe para los quechuahablantes. Estas medidas se centraron en proporcionar oportunidades educativas a poblaciones marginadas y en reconocer la importancia cultural del idioma indígena. Se construyeron nuevas escuelas en zonas rurales, lo que permitió aumentar el número de estudiantes indígenas matriculados.

La reforma también impulsó la creación de organismos como los Núcleos Educativos Comunales (NEC), diseñados para fomentar la participación popular y comunitaria en la educación. Estos núcleos trabajaron para integrar a las comunidades locales en el proceso educativo, promoviendo así una mayor responsabilidad colectiva en la formación de los estudiantes.

La International Petroleum Company

El gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado nacionalizó en 1968 la International Petroleum Company (IPC), empresa petrolera estadounidense, sin ofrecer compensación alguna. Esta medida fue vista como un acto simbólico contra el imperialismo y sentó precedente para futuras expropiaciones de empresas extranjeras. La negativa inicial del gobierno a pagar una indemnización por la nacionalización provocó tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que respondió con medidas restrictivas al crédito hacia Perú.

En respuesta a la nacionalización de la IPC, el Departamento de Estado estadounidense y otras agencias gubernamentales aplicaron sanciones económicas indirectas. Estas acciones incluyeron la suspensión de nuevos préstamos y la restricción del acceso al mercado crediticio internacional para Perú. La presión financiera ejercida por Estados Unidos dificultó las negociaciones de deuda pública y desalentó a empresas privadas de ese país a invertir en el Perú.

El acuerdo Greene, firmado en 1974, representó una concesión del gobierno peruano ante la persistente presión económica estadounidense. En este pacto, se acordó pagar compensaciones por las expropiaciones anteriores y futuras de compañías extranjeras, incluida la IPC.

Política exterior

El gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado adoptó una política exterior que rompió con las actitudes tradicionales del Perú. Este cambio permitió al país revalorizar su imagen internacional y salir del aislamiento político y diplomático en el que se encontraba, enfrentándose abiertamente al imperialismo estadounidense sin llegar a cortar por completo los lazos de dependencia con Estados Unidos.

Siguiendo una línea de autonomía, Velasco fomentó relaciones estrechas con países socialistas. Esta nueva política exterior apostaba claramente por el no alineamiento y el tercermundismo, lo que marcó un giro significativo en las relaciones internacionales del Perú durante esta época.

Con la implementación de políticas intervencionistas del Estado, el gobierno amplió sus capacidades de negociación, aunque esto afectó negativamente a la inversión extranjera. A medida que obtuvo respuestas positivas al exterior y contaba con el apoyo del pueblo peruano, las medidas en política exterior se volvieron cada vez más radicales, incluyendo una posición antiimperialista más firme.

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