Guerra colombo-peruana

La guerra colombo-peruana, un conflicto bélico entre Colombia y Perú que tuvo lugar en 1932 y 1933, surgió a partir de disputas territoriales arraigadas en decisiones coloniales y tratados internacionales. Este conflicto se desarrolló principalmente en la cuenca del río Putumayo, donde las tensiones entre ambas naciones alcanzaron su punto culminante.

El artículo explora el período desde 1739 hasta los años treinta del siglo XX, abarcando la creación del Virreinato de Nueva Granada y la Real Cédula de 1802 que desencadenó las controversias territoriales. Se analizan las posturas de Colombia y Perú sobre el estatus jurídico de Maynas y cómo estas disputas dieron lugar al conflicto armado en Leticia, culminando con la firma del Protocolo de Río de Janeiro que ratificó el Tratado Salomón-Lozano.

Origen del conflicto

En 1739, con la creación del Virreinato de Nueva Granada, el territorio de Maynas pasó a formar parte de su jurisdicción. Este territorio amazónico, ubicado en la selva tropical, se convirtió posteriormente en un punto clave para las tensiones futuras entre Colombia y Perú. La Real Cédula emitida en 1802 planteaba que Maynas regresara a la jurisdicción del Virreinato del Perú, generando una controversia sobre el alcance de dicha disposición.

Cuando estalló la revolución independentista en 1810, la determinación del estado de las jurisdicciones territoriales era crucial para definir las fronteras entre las nuevas repúblicas hispanoamericanas. El principio uti possidetis se impuso como criterio para establecer las líneas fronterizas conforme a cómo se encontraban esas jurisdicciones en 1810, lo que implicaba la necesidad de resolver definitivamente el estatus de Maynas.

La Real Cédula de 1802 sobre Maynas planteó una cuestión compleja: si su disposición era un mandato para una segregación político-territorial o simplemente se limitaba a aspectos administrativos eclesiásticos. Esta incertidumbre acerca del alcance y aplicación efectiva de la Cédula contribuyó significativamente al desacuerdo entre Colombia y Perú sobre el territorio de Maynas.

La controversia respecto a la naturaleza de la Real Cédula de 1802, junto con la necesidad de definir las fronteras conforme al principio uti possidetis en 1810, sentó las bases para futuros desacuerdos entre Colombia y Perú sobre el territorio de Maynas.

La Real Cédula de 1802

Francisco Requena, miembro de la comisión hispanoportuguesa para demarcar fronteras en los ríos Yavarí y Negro, propuso al Consejo de Indias establecer una sede episcopal en Maynas. El 15 de julio de 1802, se promulgó la real cédula que creaba el obispado de Maynas, sufragáneo del arzobispado de Lima.

En respuesta a esta medida, tanto el virrey de la Nueva Granada como la Real Audiencia de Quito elevaron recursos de súplica al rey. Estos recursos impidieron que la real cédula entrara en vigencia formalmente, ya que su confirmación era necesaria para que dicha medida se hiciera efectiva.

El obispo designado para Maynas, Sánchez Rangel, solicitó a su vez al monarca suprimir el gobierno de esta jurisdicción. Esta petición reflejaba la incertidumbre y oposición existente acerca del estatus territorial de Maynas.

La Guía de forasteros del Virreinato de la Nueva Granada, publicada en 1818 durante el virreinato de Juan Sámano, incluyó a Jaén, Maynas y Quijos como provincias bajo su jurisdicción. Esta inclusión indicaba que tales regiones permanecían dentro del Virreinato de la Nueva Granada, lo cual contradecía las pretensiones peruanas basadas en la real cédula de 1802.

Colombia y uti possidetis iuris

En 1811, durante la administración de Jorge Tadeo Lozano como gobernador del Estado Libre de Cundinamarca, arribó a Santa Fe el canónigo José Cortés de Madariaga en representación de la Junta Suprema de Caracas. Con este personaje se firmó un tratado que establecía la adopción del principio uti possidetis juris, convirtiéndolo así en la primera doctrina oficial dentro del continente americano.

Este acuerdo sentía las bases para el reconocimiento de fronteras según la posesión territorial vigente al año 1810. Colombia asumió entonces la necesidad de establecer relaciones diplomáticas con naciones vecinas, como Perú y Chile, mediante la designación de embajadores que trabajaran en la resolución pacífica de diferendos territoriales.

El historiador Germán Cavelier destaca la importancia del genio internacional de Simón Bolívar y sus aliados alrededor de Colombia. A través de acuerdos como el firmado con Bernardo Monteagudo, se garantizó el reconocimiento del uti possidetis juris en tratados posteriores.

En Lima, Joaquín Mosquera selló un acuerdo que posibilitaba la resolución pacífica de conflictos territoriales basándose en las normas establecidas. Este acto concretaba la aplicación práctica del principio uti possidetis juris, sentando pauta para futuros tratados y alianzas entre naciones latinoamericanas emergentes.

Provincias de Quijos, Jaén y Maynas

Las provincias de Quijos, Jaén y Maynas, ubicadas en el límite norte del Perú, experimentaron un período complejo durante los años posteriores a la independencia. En 1821, estas regiones juraron su adhesión al nuevo estado peruano y participaron activamente en las elecciones para conformar el Congreso de Lima. Este acto sentó un precedente significativo sobre la soberanía territorial.

Cuando Simón Bolívar asumió el gobierno del Perú, entre 1823 y 1826, evitó plantear cualquier reclamo territorial en favor de la Gran Colombia. Su postura fue clara al depositar las decisiones locales sobre Jaén en sus respectivos ayuntamientos y anexar Maynas al distrito judicial de Trujillo.

En 1826, el gobierno peruano volvió a convocar a elecciones en estas provincias, lo que desencadenó una protesta formal por parte del ministro colombiano Cristóbal Armero. Este incidente ocurrió durante un período marcado por la rebelión de tropas colombianas estacionadas en Lima.

La posición definitiva de Bolívar sobre Jaén y Maynas se modificó después de 1827, cuando las fuerzas peruanas expulsaron a los contingentes militares colombianos y abolido la Constitución vitalicia impuesta por el libertador. En este contexto, las provincias mantuvieron su pertenencia al Perú, lo que sentó un precedente importante en la definición de sus límites territoriales.

Tratado de Guayaquil (Larrea-Gual) de 1829

El Tratado Larrea-Gual, conocido también como el Tratado de Guayaquil, fue firmado por Colombia y Perú el 22 de septiembre de 1829. Este acuerdo buscaba establecer la paz y amistad entre ambas naciones, pero evitó definir líneas específicas de frontera.

El tratado no detalló las divisiones territoriales concretas, sino que se limitó a referirse a las fronteras virreinales como punto de partida para futuras negociaciones. Ambas partes acordaron la creación de una comisión compuesta por dos representantes cada uno para delimitar los límites definitivos.

Sin embargo, este plan no pudo materializarse debido a la disolución de la Gran Colombia poco después de la firma del acuerdo. La desintegración de esta confederación dio origen a tres estados nuevos: Ecuador, República de Nueva Granada (actual Colombia) y Venezuela.

Las conferencias tripartitas de 1894

El interés renovado de Colombia por delimitar su frontera sur en las últimas décadas del siglo XIX fue impulsado por preocupaciones sobre las negociaciones entre Perú y Ecuador, que culminaron con la convención de arbitraje ante el rey de España en 1887. A esta inquietud se sumó la creciente actividad cauchera en la zona disputada, lo cual aumentó la urgencia por definir claramente las fronteras. Consciente de su relevancia estratégica y económica, Colombia solicitó ser incluida en las negociaciones existentes entre Perú y Ecuador.

El 11 de octubre de 1894, representantes de Colombia, Perú y Ecuador se reunieron en Lima para iniciar la convención tripartita. Durante estas conferencias, los diplomáticos discutieron intensamente sobre la delimitación territorial y las cuestiones relacionadas con el comercio y la soberanía en la región amazónica. El 15 de diciembre de ese mismo año, tras meses de negociaciones, se firmó un convenio tripartito mediante el cual Colombia aceptaba adherirse a la convención de arbitraje anteriormente acordada entre Perú y Ecuador.

Sin embargo, este acuerdo no encontró el respaldo del Congreso ecuatoriano, lo que obstaculizó su implementación plena. La falta de aprobación por parte del congreso ecuatoriano llevó a los gobiernos de Colombia y Perú a buscar alternativas directas para resolver las disputas territoriales entre ambos países sin la mediación oficial de Ecuador.

Resumen

La guerra colombo-peruana estalló en 1932 debido a disputas territoriales que remontan al siglo XVIII, específicamente a la Real Cédula de 1802 y el uti possidetis jurídico. La cuestión territorial se centraba en Maynas, un área amazónica clave para ambas naciones. Colombia argumentó que esta disposición era meramente administrativa eclesiástica, mientras que Perú la interpretó como segregación política de Nueva Granada hacia su virreinato. Estos desacuerdos llevaron a tensiones prolongadas y finalmente al conflicto bélico en la cuenca del río Putumayo.

El enfrentamiento concluyó con el Protocolo de Río de Janeiro, firmado en 1934, que ratificaba el Tratado Salomón-Lozano de 1922. Este acuerdo definió líneas fronterizas y sentó las bases para la pacificación futura entre Colombia y Perú. La guerra tuvo un impacto significativo en las relaciones diplomáticas y territoriales, contribuyendo a establecer una base legal para la resolución de conflictos posteriores mediante acuerdos internacionales.

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