Junta Nacional de Gobierno (1931)

La Junta Nacional de Gobierno asumió la presidencia del Perú en un contexto político convulso tras la caída del régimen de Augusto B. Leguía. Su formación representó una respuesta a la necesidad de estabilidad y legitimidad política después de varios períodos interinos marcados por conflictos internos.

El presente artículo aborda el período desde marzo hasta diciembre de 1931, centrando su análisis en las acciones de David Samanez Ocampo y sus ministros. Se examinan los esfuerzos realizados para convocar elecciones generales y la gestión gubernamental frente a desafíos como motines militares.

Antecedentes

Tras la caída del Oncenio o segundo gobierno de Augusto B. Leguía en 1930, el Perú entró en un período de anarquía política que duró siete meses y vio pasar a cinco presidentes interinos. El primero fue Luis Miguel Sánchez Cerro, quien tras pronunciarse en Arequipa se convirtió en jefe de una Junta Militar que gobernó desde el 27 de agosto hasta el 1 de marzo de 1931.

Mientras tanto, la opinión pública comenzaba a manifestarse en contra del régimen de Sánchez Cerro. Esto llevó a su renuncia y al ascenso de monseñor Mariano Holguín como presidente de una Junta de Notables, que rápidamente cedió el poder a Ricardo Elías Arias, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esta Junta no contaba con un amplio apoyo popular y fue rápidamente reemplazada por Gustavo Jiménez Saldías.

En este contexto de inestabilidad política, se inició el movimiento que culminaría en la proclamación de David Samanez Ocampo como presidente de la Junta Civil del Sur en Arequipa, el 24 de febrero de 1931.

Conformación de la Junta Nacional

En Arequipa, donde se había iniciado la insurrección contra el régimen de Sánchez Cerro, David Samanez Ocampo fue proclamado presidente de la Junta Civil del Sur el 24 de febrero de 1931. Este nombramiento tuvo un fuerte respaldo popular y político en la región sureña del país. Mientras tanto, Gustavo Jiménez, quien ocupaba la presidencia interina tras la renuncia de Sánchez Cerro, buscó establecer una Junta Nacional que reuniera a representantes de todas las regiones del Perú para garantizar un gobierno transitorio y preparar el terreno para elecciones generales.

Viajando desde Arequipa hacia Lima, David Samanez Ocampo asumió la presidencia de la recién formada Junta Nacional de Gobierno. La ceremonia oficial de juramentación se llevó a cabo en la capital peruana el 11 de marzo de 1931, marcando así el inicio del gobierno de esta junta transitoria. Samanez Ocampo, al asumir su cargo, reafirmó públicamente que su posición era temporal y no pretendía aspirar a un puesto presidencial constitucional.

El 11 de marzo, la Junta Nacional quedó formalmente conformada con ministros representantes de diversas regiones del país. Entre los miembros destacados se encontraban Emilio Gálvez para Relaciones Exteriores y Gustavo Jiménez como ministro de Guerra.

Motín de Santa Catalina

El 23 de marzo de 1931, un grupo de soldados descontentos protagonizó un motín en el cuartel de Santa Catalina en Lima. Encabezados por Víctor Huapaya, los amotinados tomaron prisioneros a varios oficiales y salieron hacia las calles con tanques y ametralladoras. Su objetivo era asediar el Palacio de Gobierno pero fueron rechazados por las fuerzas del orden que sofocaron rápidamente la insurrección, obligando a los rebeldes a regresar al cuartel donde se atrincheraron.

Gustavo Jiménez, ministro de Guerra durante este período, acudió personalmente al cuartel para negociar con los amotinados. Estos exigieron la ejecución del expresidente Augusto B. Leguía y mejoras en las condiciones de vida dentro del cuartel. Sin embargo, Jiménez rechazó tales demandas y ordenó a sus tropas que retomaran el ataque contra los soldados insubordinados, contando además con apoyo aéreo para sofocar definitivamente la rebelión.

El motín de Santa Catalina causó un saldo de alrededor de 40 bajas, incluyendo muertos y heridos. Este evento reflejaba la inestabilidad política que caracterizaba el Perú durante este período, evidenciando la desconfianza entre las fuerzas militares y los gobiernos interinos.

Revolución y conflictos

En el Cuzco, el coronel Aurelio García Godos lideró un intento de levantamiento en abril de 1931. Este movimiento tuvo como objetivo principal desafiar al gobierno central de David Samanez Ocampo y exigir la libertad de presos políticos, así como la implementación de un sistema gubernamental descentralizado para las regiones del sur. La Junta Nacional respondió rápidamente movilizando tropas desde Lima que sofocaron el levantamiento en pocos días.

Además del conflicto liderado por García Godos, se registraron al menos cinco insurrecciones adicionales entre marzo y noviembre de 1931 en las provincias de Cuzco y Puno. Estas revueltas estaban encabezadas por oficiales militares que demandaban la liberación de los presos políticos y un gobierno más descentralizado para estas regiones. Entre los principales líderes de estos movimientos se encontraba Agustín Cabrera en Cuzco, mientras que Mario Abarca lideró las acciones en Puno.

Estos conflictos revolucionarios no fueron aislados; reflejaban una profunda inestabilidad política y social durante el gobierno de la Junta Nacional. Las insurrecciones en Cuzco y Puno demostraron la falta de control efectivo del gobierno central sobre las provincias más alejadas, lo que generó preocupación entre los miembros de la junta respecto a su capacidad para mantener la estabilidad nacional.

Reforma electoral

Samanez Ocampo supo responder al clamor ciudadano que exigía elecciones auténticas y limpias. El 13 de marzo de 1931, nombró una comisión especial para preparar el anteproyecto del Estatuto Electoral, compuesta por destacados jóvenes como César Antonio Ugarte, Alberto Arca Parró, José Antonio Encinas, Luis E. Valcárcel, Jorge Basadre y Carlos Telaya. Esta comisión laboró en la Biblioteca de la Universidad de San Marcos, presentando su anteproyecto al gobierno tras culminar su trabajo.

El decreto ley N.º 7177 oficializó la nueva ley electoral con algunas modificaciones menores el 26 de mayo de 1931. Entre sus novedades más importantes se destacaba la implementación del voto secreto, la creación de un sistema de listas abiertas para garantizar una mayor representatividad y la inclusión de mecanismos para prevenir la corrupción electoral. Estas reformas fueron vistas como medidas esenciales para fortalecer la democracia en el Perú.

El 13 de marzo de 1931, se nombró a una comisión especial encabezada por César Antonio Ugarte y otros destacados jóvenes peruanos con el objetivo de preparar un anteproyecto del Estatuto Electoral. Este trabajo culminó en mayo, cuando la Junta Nacional lo oficializó mediante decreto ley N.º 7177, marcando así una nueva era para las elecciones en el país.

Elecciones generales de 1931

El 11 de octubre de 1931, las elecciones generales para Presidente de la República y Congreso Constituyente tuvieron lugar en el Perú. Luis Miguel Sánchez Cerro se presentó como candidato por el partido Unión Revolucionaria, enfrentándose principalmente a Víctor Raúl Haya de la Torre, quien postulaba por el Partido Aprista Peruano. Ambos aspirantes representaban dos visiones políticas opuestas: mientras que Sánchez Cerro contaba con el respaldo tanto de la oligarquía como del sector más empobrecido de la población, Haya de la Torre era un líder estudiantil desterrado por Leguía y cuya ideología antiimperialista y antioligárquica atraía a las clases medias y al proletariado avanzado.

La jornada electoral transcurrió marcada por episodios violentos, reflejo del clima polarizado que se vivía en el país. El escrutinio de votos reveló una victoria abrumadora para Sánchez Cerro, quien obtuvo 152 062 sufragios frente a los 106 007 logrados por Haya de la Torre. La proclamación del ganador provocó protestas en varias ciudades, ya que los apristas acusaron al proceso electoral de fraude sin poder demostrarlo.

En medio de esta crisis postelectoral, David Samanez Ocampo mantuvo su posición firme a favor de la voluntad popular expresada en las urnas.

Traspaso del poder

El 8 de diciembre de 1931, David Samanez Ocampo entregó el poder a Luis Miguel Sánchez Cerro en una ceremonia oficial celebrada en el pleno del Congreso Constituyente. En este acto, la Junta Nacional de Gobierno concluyó su misión política y dio paso al nuevo gobierno elegido democráticamente.

Después de cumplir con su cometido de convocar a elecciones generales y asegurar un proceso electoral limpio, Samanez Ocampo anunció públicamente que abandonaba la actividad política. Este anuncio fue recibido con gran sorpresa por sus partidarios, quienes esperaban que continuara en el escenario político como figura de peso. Sin embargo, Samanez optó por retirarse definitivamente y dedicarse nuevamente a su labor empresarial en Apurímac.

En la ceremonia de transición, Sánchez Cerro asumió formalmente las funciones presidenciales ante un pleno del Congreso Constituyente que había sido elegido junto con él. La entrega simbólica del bastón de mando marcó el fin oficial de la Junta Nacional y sentó las bases para una nueva etapa en la historia política peruana, caracterizada por la instauración del gobierno de Sánchez Cerro.

Resumen

La Junta Nacional de Gobierno se formó como resultado directo del caos político que siguió a la caída del gobierno de Augusto B. Leguía en 1930. Este período vio una sucesión rápida y desordenada de gobiernos interinos, ninguno con un mandato estable o apoyo popular significativo. La Junta Nacional fue presidida por David Samanez Ocampo, quien asumió el poder tras la proclamación de una junta civil en Arequipa y acuerdos posteriores para formar una junta nacional que incluyera representantes de todas las regiones del Perú. Su misión principal era convocar a elecciones generales para Presidente de la República y Congreso Constituyente, lo cual fue logrado el 11 de octubre de 1931.

Las elecciones dieron como ganador a Luis Miguel Sánchez Cerro, quien había protagonizado inicialmente la insurrección que derrocó al gobierno de Leguía. La Junta Nacional trabajó para restablecer cierto orden y estabilidad política, aunque enfrentó desafíos significativos en forma de conflictos laborales y motines militares. Su legado incluye la preparación del Estatuto Electoral, un paso crucial hacia el establecimiento de una democracia más sólida, que sentaría las bases para futuras reformas políticas en el Perú.

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