La Brea y Pariñas

El complejo industrial La Brea y Pariñas fue un centro petrolífero crucial en el norte del Perú durante más de setenta años. Su historia refleja las tensiones entre la explotación de recursos naturales por parte de empresas extranjeras y los esfuerzos del Estado peruano para regular estas actividades.

Desde 1890 hasta 1968, el complejo estuvo bajo control principalmente de dos compañías: primero la London Pacific Petroleum Co., luego la International Petroleum Company (IPC). El conflicto entre ambas empresas y las autoridades peruanas alcanzó su punto culminante en 1911, cuando se descubrió que los yacimientos eran mucho más extensos de lo registrado oficialmente.

Los orígenes

Durante los primeros años de la República peruana, los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas cambiaron varias veces de propietario hasta que en 1873 pasaron a manos de Genaro Helguero. En el contexto de los años 1880, tras la Guerra del Pacífico, Helguero inició negociaciones con capitalistas ingleses interesados en explotar dichos yacimientos. Este período fue caracterizado por la búsqueda de legitimidad legal para las propiedades petrolíferas de Helguero.

En 1888, el juez de Paita, bajo disposición del gobierno de Andrés A. Cáceres, ordenó medir las pertenencias de La Brea y Pariñas, inscribiéndolas en el Padrón de Minas de Lima con un impuesto de 30 soles por cada una de ellas. Sin embargo, esta mensura resultó ser errada, ya que los terrenos constaban realmente de muchas más pertenencias de las registradas oficialmente.

Helguero entró en tratos con capitalistas ingleses en 1880, lo cual marcó el inicio de la influencia extranjera sobre estos yacimientos. Años después, la medición realizada por el juez de Paita en 1888 fue cuestionada debido a su falta de precisión, revelando que las pertenencias eran mucho más numerosas de lo declarado oficialmente.

La medición errada del juez de Paita en 1888 dejó un precedente problemático que más tarde sería objeto de controversia legal.

Irrupción del capitalismo inglés

El 3 de febrero de 1888, antes de cumplirse un mes desde las mediciones realizadas por el juez de Paita, Helguero vendió sus posesiones a Herbert Tweddle (estadounidense radicado en Inglaterra), quien adquirió los terrenos petrolíferos por la cantidad de 18.000 libras esterlinas. Esta operación fue avalada por el gobierno peruano, lo que sentó las bases para el control británico sobre los terrenos petrolíferos.

En 1889 se constituyó formalmente en Londres la London Pacific Petroleum Co., empresa de la cual Tweddle era el mayor accionista. Posteriormente, Tweddle se asoció con William Keswick, un súbdito británico, para consolidar su posición en los yacimientos petrolíferos.

El 24 de enero de 1890, mediante escritura pública, Tweddle y Keswick dieron en arrendamiento por 99 años a la London Pacific Petroleum Co. las propiedades de La Brea y Pariñas. Este acuerdo sentó las bases para el control británico sobre los terrenos petrolíferos.

Poco después, en febrero de ese mismo año, Keswick adquirió los derechos de su socio Tweddle, convirtiéndose así en el único dueño de la London Pacific Petroleum Co., empresa que pronto se convertiría en una figura central en la historia petrolera del norte peruano.

Estallido del pleito

El ingeniero Ricardo A. Deustua desencadenó el conflicto en 1911 al denunciar públicamente que la London Pacific Petroleum Co., propietaria entonces de los yacimientos, explotaba más pertenencias de las reconocidas oficialmente por el gobierno peruano. En ese mismo año, el ministro de Fomento ordenó una nueva medición para aclarar esta situación controvertida.

En 1890, la London Pacific Petroleum Co., liderada inicialmente por Herbert Tweddle y posteriormente por William Keswick, había obtenido un arrendamiento de 99 años sobre los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas. Sin embargo, en 1914, esta empresa vendió sus derechos a la International Petroleum Company (IPC), una filial de Standard Oil, debido al conflicto tributario que se originó.

Las nuevas mediciones realizadas por los ingenieros Boza y Jochamowitz revelaron que el área de explotación era significativamente mayor de lo que se había registrado originalmente. Estas medidas confirmaban la existencia de 41.614 pertenencias, en lugar del número oficial de diez establecido décadas antes.

Como resultado directo de estas nuevas mediciones, el gobierno peruano calculó un impuesto anual de S/. 1'248,420 para la London Pacific Petroleum Co., una cantidad que superaba con mucho las utilidades generadas por la empresa en ese momento. La compañía se negó a pagar este monto, argumentando su excesiva cuantía y buscó apoyo diplomático tanto de Estados Unidos como del Reino Unido.

El Laudo de París o Ley de Petróleo de 1922

En el contexto del conflicto entre Perú y las empresas petroleras extranjeras, el gobierno peruano decidió someter el asunto a un arbitraje internacional. Este proceso culminó con la firma del Laudo de París en abril de 1922, que definió los términos para resolver el conflicto entre ambas partes. El acuerdo fue firmado por Alberto Salomón, canciller peruano, y A. C. Grant Duff, representante inglés, el 24 de abril de ese año.

El Laudo estableció un régimen tributario especial que limitaba considerablemente la capacidad del Estado peruano para recaudar impuestos sobre las operaciones petroleras en La Brea y Pariñas. Entre sus cláusulas más significativas, se incluía el pago de una cantidad fija por cada pertenencia explotada y un régimen excepcional para los impuestos a la exportación durante veinte años.

Este acuerdo tuvo profundas implicaciones para las finanzas públicas del Perú. El gobierno peruano aceptó pagar medio millón de pesos en oro americano como compensación por los impuestos devengados hasta diciembre de 1921, y se comprometió a no aumentar la tasa del impuesto a la exportación durante dos décadas. Estas disposiciones fueron vistas como una clara ventaja para las empresas petroleras extranjeras.

El Laudo de París sentó un precedente que afectaría la política económica peruana por varias décadas, al otorgar privilegios fiscales significativos a las compañías petrolíferas internacionales.

El Acta de Talara

En 1968, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado inició negociaciones con la International Petroleum Company (IPC), propietaria entonces de los yacimientos petrolíferos La Brea y Pariñas. Estas conversaciones culminaron en un acuerdo crucial para resolver el largo conflicto que había enfrentado al Perú con las empresas extranjeras durante varias décadas. El 13 de agosto de ese año, ambas partes firmaron el Acta de Talara, documento que sentó pautas fundamentales para la reivindicación estatal sobre los yacimientos petrolíferos.

La firma del Acta de Talara tuvo lugar en un contexto marcado por las aspiraciones nacionalistas y redistributivas del gobierno militarista liderado por Velasco. Este acuerdo, negociado con la IPC, representaba una respuesta directa a las demandas populares que habían surgido durante años debido al control extranjero sobre los recursos naturales peruanos. La actitud del gobierno peruano en este momento fue decisiva para establecer un precedente significativo respecto de la soberanía nacional sobre sus propios recursos.

El Acta de Talara, firmado ese día y con el respaldo legal proporcionado por las leyes anteriores (Ley 14.696 del año 1963), sentó pautas claras para la transición de los campos petrolíferos a manos de la Empresa Petrolera Fiscal, entidad estatal creada con el propósito de administrar y controlar las instalaciones petroleras en territorio peruano. Este acuerdo estableció que todos los campos petroleros pasaban a poder del Estado a cuenta de los adeudos pendientes de la IPC, pero esta conservaba ciertos derechos sobre los mismos durante un período fijado por el acta.

El Acta de Talara marcó un hito en la historia económica y política del Perú al poner fin a décadas de controversia entre el Estado peruano y las empresas petroleras extranjeras, especialmente la IPC.

El escándalo de la Página Once

En 1968, el periódico peruano Oiga publicó un extenso reportaje que desvelaba las irregularidades financieras y administrativas dentro de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF). El artículo acusaba al presidente de EPF, Loret de Mola, de malversación de fondos públicos y gestión negligente en la administración de los recursos petroleros. Estas revelaciones causaron un gran impacto mediático y político, generando una oleada de protestas ciudadanas y críticas del Congreso.

Loret de Mola enfrentó fuertes presiones para explicar las acusaciones presentadas por Oiga. Sin embargo, ante la creciente presión pública y política, Loret de Mola anunció su renuncia el 10 de septiembre de 1968, en una conferencia de prensa donde declaró que había tomado esta decisión para evitar un conflicto mayor dentro del gobierno y mantener la estabilidad económica nacional. Su partida dejó al EPF sin líder directo a medida que las investigaciones sobre el escándalo continuaban.

El escándalo provocó cambios significativos en la estructura administrativa de la empresa, lo cual llevó a la implementación de nuevas regulaciones internas diseñadas para prevenir futuras malversaciones y mejorar la transparencia financiera. Estos ajustes fueron parte del proceso más amplio de reforma económica impulsado por el gobierno durante ese período.

La ocupación militar de las instalaciones de Talara

El 9 de octubre de 1968, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado tomó medidas drásticas para resolver el conflicto que había persistido durante varias décadas entre Perú y la International Petroleum Company (IPC). La intervención militar se produjo en medio de un clima de creciente tensión debido a las demandas de nacionalización de los recursos naturales del país.

Las tropas peruanas entraron en las instalaciones petroleras de Talara, expulsando al personal de la IPC y asumiendo el control directo sobre las operaciones. Esta acción tuvo un impacto inmediato y significativo, interrumpiendo la actividad diaria del complejo industrial y alterando el equilibrio económico y político en la región. La ocupación militar marcó una ruptura definitiva con el pasado de dominio extranjero sobre los recursos petrolíferos de Perú.

Sin embargo, a pesar de esta medida, la IPC no pagó sus adeudos pendientes con el Estado peruano. En compensación por la expulsión y las pérdidas asociadas al control estatal, la empresa recibió una indemnización del gobierno peruano como parte de los acuerdos para resolver el conflicto.

Resumen

La Brea y Pariñas surgió en la época republicana peruana, pasando por diversos cambios de propiedad hasta que Genaro Helguero se hizo con el control en 1873. En 1890, tras un error en la medición oficial del terreno efectuada por un juez afín a Helguero, este vendió los yacimientos a Herbert Tweddle, quien estableció la London Pacific Petroleum Co., que luego se asoció con William Keswick para explotar las pertenencias petrolíferas. El conflicto estalló en 1911 cuando se descubrió que la compañía había explotado más terrenos de los registrados originalmente, negándose a pagar el impuesto correspondiente y recurriendo al arbitraje internacional para resolver la disputa.

El legado del caso La Brea y Pariñas ha sido significativo en la historia política peruana, ya que representó una confrontación directa entre el Estado peruano y las empresas petroleras extranjeras. A pesar de los esfuerzos del gobierno por regularizar la situación a través del arbitraje internacional, la empresa nunca cumplió con sus obligaciones fiscales ni pagó los adeudos pendientes al Estado peruano. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado nacionalizó las instalaciones de la IPC en Talara, pero la compañía obtuvo una indemnización del estado peruano que finalmente liquidó su deuda con el país.

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