Limazo

El Limazo, ocurrido durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, fue un episodio crucial que marcó la aguda crisis política y social peruana de aquel período. Esta huelga policial desencadenó disturbios masivos y violencia estatal que dejaron un saldo significativo de víctimas.

El artículo aborda los acontecimientos desde el lunes 3 hasta el miércoles 5 de febrero, enfocándose en las causas inmediatas del conflicto y su impacto sobre la estabilidad gubernamental. Analiza la interacción entre policías, militares y civiles, así como las implicaciones para el régimen velasquista que culminó con un golpe militar ese mismo año.

Resumen

La huelga policial conocida como Limazo estalló en Lima, Perú, durante febrero de 1975 bajo la presidencia de Juan Velasco Alvarado. El conflicto surgió tras un incidente que involucró a un guardia civil maltratado por un oficial militar, lo cual desencadenó el descontento entre los miembros de las fuerzas policiales y estudiantes universitarios apristas. Este clima de protesta se intensificó cuando la Guardia Civil inició una huelga el 3 de febrero, paralizando la seguridad en Lima y llevando al gobierno a declarar un estado de emergencia

El uso de la fuerza por parte del ejército para reprimir las protestas resultó en disturbios generalizados y saqueos. Las consecuencias inmediatas incluyeron un saldo significativo de víctimas, lo que agravó la crisis política del gobierno velasquista, culminando con un golpe militar ese mismo año.

Antecedentes del Limazo

En 1968, tras un golpe de Estado, se instauró el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA), bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado. Este período produjo múltiples reformas que transformaron diversos aspectos sociales y económicos del país. Sin embargo, para 1974, la economía peruana experimentó una crisis severa que desencadenó un aumento en las huelgas contra el régimen velasquista.

Durante este período de agitación económica, los miembros de las fuerzas policiales comenzaron a manifestar su descontento. Estos efectivos, provenientes mayormente de sectores populares y medios bajos, se sentían marginados por las fuerzas militares que consideraban a la policía como "fuerzas auxiliares" sin representación en los organismos gubernamentales ni salarios adecuados.

El 31 de diciembre de 1974, un incidente ocurrió cuando el vehículo del presidente Velasco fue interceptado por periodistas debido al incumplimiento de una orden que impedía a estos profesionales acercarse a la comitiva presidencial. El jefe de la Casa Militar, el general Enrique Ibáñez Burga, reaccionó con violencia verbal y física hacia un guardia civil, lo cual desencadenó protestas entre los policías que se negaron a realizar sus labores hasta que no se resolviera su conflicto.

Desencadenantes del Limazo

El maltrato sufrido por un guardia civil a manos de un oficial superior fue el detonante que desencadenó las protestas que culminaron con el Limazo. Este incidente ocurrió cuando un alto mando militar, el general Enrique Ibáñez Burga, agredió verbal y físicamente al efectivo policial por no cumplir la orden de impedir que los periodistas se acercaran a la comitiva presidencial del 31 de diciembre de 1974. La agresión incluyó bofetadas y la detención del guardia civil, lo cual provocó el inicio de una huelga entre sus compañeros que fue resuelta por intercesión del general Ernesto Olivares Montano.

En enero de 1975, los efectivos policiales comenzaron a prepararse para realizar acciones más radicales. Volantes anónimos circulaban en las comisarías instando a la realización de paros policiales que finalmente se concretizaron el lunes 3 de febrero de 1975, cuando la Guardia Civil declaró huelga y acantonó sus tropas en el Cuartel de Radio Patrulla. La negativa del personal policial a realizar sus labores dejó a Lima sin protección policial efectiva, lo que desencadenó una serie de eventos que culminaron con la represión militar al cuartel y las revueltas estudiantiles en el centro de la ciudad.

Primeros acontecimientos

El 3 de febrero, los miembros de la Guardia Civil decidieron no realizar sus labores regulares y declararon una huelga, acantonándose en el Cuartel de Radio Patrulla. Este acto dejó a Lima sin protección policial efectiva, lo que generó preocupación entre la población y autoridades.

Mientras las negociaciones con los representantes del gobierno comenzaban a tomar forma, un pliego petitorio fue presentado al régimen velasquista por parte de los huelguistas. Este documento detallaba una serie de demandas que incluían mejoras salariales, reconocimiento institucional y respeto hacia la dignidad del personal policial.

El día 4 de febrero, el gobierno peruano decidió trasladar la responsabilidad de resolver este conflicto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este organismo calificó la huelga como sedición y ordenó a la II Región Militar intervenir para suprimirla por medios coercitivos, marcando un punto de inflexión en la dinámica del conflicto que amenazaba con desencadenar una confrontación directa entre las fuerzas policiales y militares.

5 de febrero

Alrededor de las 3 de la madrugada, el Cuartel de Radio Patrulla fue rodeado por tropas militares apoyadas con tanques provenientes del Cuartel Hoyos Rubios. Se dio un ultimátum que duró apenas diez segundos a través de altavoces, seguido inmediatamente por el ataque directo al cuartel, lo cual desató un enfrentamiento violento entre ambas fuerzas. Según informaciones posteriores, Reuters reportó unos 30 muertos en este choque, aunque las cifras oficiales del gobierno indicaron solo seis fallecidos.

Mientras la situación se intensificaba en el cuartel, alrededor de las 10 de la mañana comenzaron marchas comandadas por la Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE), que partieron desde los alrededores de la Universidad Nacional Federico Villareal y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes, desfilaron por las calles con consignas antigubernamentales y llamados a una rebelión contra el régimen velasquista. Estos grupos se movilizaron en motocicletas y usaron carretillas para transportar gasolina y llantas, empleando estos materiales inflamables para atacar e incendiar edificios estratégicos como el Casino Militar ubicado en la Plaza San Martín, así como locales de diarios y organismos gubernamentales.

Reacción gubernamental

El gobierno peruano respondió al estallido de las protestas con medidas drásticas para restablecer el orden. El presidente Juan Velasco Alvarado, ante la escalada de violencia y descontrol en Lima, optó por declarar el toque de queda a partir del 6 de febrero, inicialmente fijado para las 18:00 horas, pero que se extendió posteriormente hasta medianoche. Esta medida fue tomada con el objetivo de contener la movilización y los saqueos en la ciudad.

A través de un comunicado oficial, el gobierno anunció la suspensión temporal de garantías constitucionales como respuesta a las huelgas policiales y las revueltas que amenazaban la estabilidad del país. Estas acciones legales permitieron al Ejecutivo tomar medidas más rigurosas para controlar la situación y disolver los grupos rebeldes.

El 5 de febrero, con el Cuartel de Radio Patrulla sitiado por tropas militares, se desencadenó un enfrentamiento directo. Las fuerzas gubernamentales utilizaron tanques y helicópteros para sofocar la rebelión policial, lo que resultó en una represión violenta contra los manifestantes y guardias civiles. La intervención militar fue decisiva para reprimir las protestas y restablecer el control del gobierno sobre Lima.

Las acciones gubernamentales, incluyendo la suspensión de garantías constitucionales y la declaración del toque de queda, fueron esenciales para contener la situación caótica que amenazaba la estabilidad política en Lima.

Consecuencias del Limazo

El saldo oficial tras el Limazo fue significativo. La huelga policial desencadenó una crisis política aguda que afectó la estabilidad del gobierno velasquista. La pérdida de legitimidad para las autoridades fue significativa, lo que llevó a debates sobre el recambio del liderazgo militar y la búsqueda de nuevas estrategias políticas para mantener la unidad institucional entre las Fuerzas Armadas.

El descontrol social generado por los saqueos y revueltas en Lima evidenció la debilidad del régimen frente a movimientos populares. En respuesta, el gobierno emprendió medidas para fortalecer su relación con organizaciones de base, anunciando la creación de la Organización Política de la Revolución Peruana (OPRP) en julio de ese año. Sin embargo, estas iniciativas no lograron contener la oposición creciente ni restablecer el orden político y social.

La crisis desatada por el Limazo aceleró procesos políticos internos que culminarían con un golpe de Estado dirigido por el general Francisco Morales Bermúdez en agosto, derrocando al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Este hecho marcó el fin de la primera fase del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada y sentó las bases para una nueva etapa política que buscaba estabilizar el país tras los disturbios sociales y políticos ocurridos en febrero.

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