Masacre de Juliaca

La masacre de Juliaca ocurrió el 9 de enero de 2023 cuando la Policía Nacional del Perú disparó contra manifestantes durante una protesta en esta ciudad. Este suceso dejó al menos dieciocho civiles muertos y más de cien heridos, convirtiéndose así en uno de los episodios más violentos dentro del contexto de las protestas que sacudieron al país ese año.

El artículo aborda la historia de este incidente desde sus antecedentes hasta su impacto inmediato. Se analizan eventos previos como la represión policial de 1965 y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante protestas en Ayacucho en diciembre de 2022, para contextualizar la violencia desatada en Juliaca.

La masacre de Juliaca

El 9 de enero de 2023, la tensión llegó a su punto culminante cuando la Policía Nacional del Perú abrió fuego contra los manifestantes en el centro de Juliaca. La acción policial resultó en un saldo trágico: al menos 18 civiles murieron y más de cien personas resultaron heridas, según informes médicos locales.

Mientras las protestas se intensificaban, la ciudad de Juliaca fue escenario de disturbios que incluyeron ataques a edificios gubernamentales y enfrentamientos directos con fuerzas del orden. Entre los incidentes registrados, destacó el ataque al aeropuerto local, donde manifestantes intentaron tomar las instalaciones pero fueron reprimidos por la policía.

En medio de esta escalada de violencia, un oficial de policía también perdió la vida ese día, convirtiendo así la confrontación en Juliaca en una tragedia que involucró tanto a civiles como al personal encargado del mantenimiento del orden público.

Represión policial de 1965

Durante el gobierno de Fernando Belaúnde en 1965, las autoridades peruanas respondieron a protestas con un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y del ejército. Este incidente dejó un saldo de cinco civiles fallecidos.

En aquel entonces, el despliegue conjunto de fuerzas policiales y militares para controlar las manifestaciones fue visto por muchos como una respuesta desproporcionada. Este antecedente histórico sentó un precedente que más tarde se repetiría durante los conflictos sociales posteriores en Perú.

Las críticas hacia el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades peruanas persistieron décadas después, influyendo significativamente en cómo las protestas subsiguientes fueron manejadas. En noviembre de 2022, durante disturbios en Ayacucho, nuevamente se reportaron disparos a civiles que resultaron en diez muertos y más de cincuenta heridos.

Eliminación de pautas de proporcionalidad

El Congreso peruano eliminó las pautas de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú durante el gobierno de Martín Vizcarra, un cambio que tuvo serias implicaciones para los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Esta medida se produjo después de años de críticas a las prácticas policiales, incluyendo incidentes en Ayacucho donde soldados abrieron fuego contra manifestantes pacíficos, causando múltiples víctimas civiles.

El 15 de diciembre de 2022, cuando la tensión social alcanzó su punto álgido, un grupo de manifestantes intentó tomar el Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte en Ayacucho. El despliegue conjunto de fuerzas policiales y militares resultó en una escalada violenta que dejó 10 civiles muertos y más de 52 heridos, además de 14 efectivos del orden heridos.

Este uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades peruanas fue severamente cuestionado por académicos y organizaciones de derechos humanos. La eliminación de pautas restrictivas permitió que la policía actuara con mayor agresividad, sin restricciones claras para controlar situaciones de protesta pacífica.

El impacto inmediato de esta decisión se evidenció en los incidentes posteriores del 9 de enero de 2023, donde la Policía Nacional abrió fuego contra manifestantes en Juliaca. La ausencia de pautas restrictivas permitió un uso más agresivo y menos controlado de armas de fuego por parte de las fuerzas del orden, resultando en al menos 18 civiles asesinados y más de cien heridos durante la masacre de Juliaca.

Radicalización de protestas

El 28 de diciembre de 2022, líderes de las organizaciones puneñas se reunieron en Arequipa para discutir estrategias y acuerdos sobre futuras acciones de protesta. En esta reunión, se decidió reanudar las manifestaciones el 4 de enero de 2023, marcando un punto de inflexión en la dinámica de los movimientos sociales.

En la víspera del inicio de las nuevas protestas, el 31 de diciembre, dirigentes puneños se congregaron nuevamente en Juliaca para una reunión crucial. En ella, Amador Núñez Díaz, presidente de las Organizaciones Populares de Puno, instó a los participantes a rechazar cualquier intento de diálogo con el gobierno de Dina Boluarte y anunció la radicalización de las protestas.

Las decisiones tomadas en estas reuniones sentaron un precedente para acciones más agresivas. Los manifestantes acordaron enviar representantes para la Segunda Marcha de los Cuatro Suyos, una iniciativa que buscaba ampliar el alcance y la intensidad de sus demandas a nivel nacional.

Conformados por estas determinaciones, las protestas en Puno se convirtieron rápidamente en un movimiento contundente y generalizado. El 4 de enero, los manifestantes bloquearon múltiples caminos regionales, impulsando una huelga que desafió la autoridad gubernamental y puso a Juliaca al centro del conflicto social.

El intento fallido de tomar el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac el 7 de enero representó un punto álgido en las acciones más radicales. La policía respondió con uso excesivo de la fuerza, lo que incluyó ataques a periodistas y vehículos médicos, así como la quema de un vehículo blindado por parte de los manifestantes.

El 8 de enero, Juliaca se encontraba totalmente paralizada, con todas las rutas a la ciudad controladas por los manifestantes. Este día marcó el pico inicial antes del estallido violento que culminaría con la masacre del 9 de enero.

Paro general y incidentes

El bloqueo de caminos en Puno comenzó después del 4 de enero, conforme a lo acordado en las reuniones previas. Los manifestantes intentaron tomar el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac el 7 de enero, pero la policía los dispersó con gases lacrimógenos.

Durante este período, la ciudad de Juliaca se convirtió rápidamente en el epicentro del conflicto. El día 8 de enero, las calles estaban completamente inmovilizadas por manifestantes que bloquearon todas las rutas a la ciudad. Tras los enfrentamientos del día anterior, grupos indígenas anunciaron su intención de marchar hacia Juliaca para unirse a las protestas.

El 9 de enero, alrededor del mediodía, manifestantes se acercaron nuevamente al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac. Enfrentamientos comenzaron cuando los participantes intentaron derribar el cerco metálico para acceder a la pista de aterrizaje. Las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos y bombas, resultando en la quema de un vehículo blindado.

Mientras tanto, las autoridades peruanas enviaban refuerzos al área. Un Lockheed C-130 Hercules llegó al aeropuerto a las 11:00 horas, transportando municiones y equipo para controlar los disturbios que se avecinaban en la región.

Consecuencias y saqueos

Tras la masacre, las calles de Puno se llenaron de manifestantes descontentos que comenzaron a realizar saqueos generalizados. Estos actos de vandalismo se extendieron por toda la ciudad, afectando comercios locales y establecimientos públicos.

Numerosas tiendas fueron asaltadas durante la noche del 9 al 10 de enero, con robos masivos de productos alimenticios, electrónicos y otros bienes valiosos. Testigos informaron que algunos saqueadores parecían ser personas locales aprovechando la confusión para cometer delitos.

El 10 de enero, autoridades policiales detuvieron a un total de 40 individuos involucrados directamente en los saqueos ocurridos. Entre los arrestados se encontraban varios supuestos infiltrados que intentaron desestabilizar aún más la situación mediante robos y actos vandálicos.

Las investigaciones posteriores revelaron la participación activa de algunos oficiales policiales en los saqueos, lo cual generó escándalos públicos y demandas por corrupción.

Resumen

La masacre de Juliaca tuvo lugar el 9 de enero de 2023, durante las protestas generalizadas en Perú. Los manifestantes puneños se enfrentaron a la Policía Nacional del Perú en el contexto de una huelga regional que buscaba desafiar al gobierno de Dina Boluarte. Las tensiones previas incluyeron incidentes violentos, como el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la quema de un vehículo blindado durante intentos anteriores de tomar aeropuertos. Estas acciones precedentes sentaron un escenario propicio para que los enfrentamientos del 9 de enero culminaran con disparos a manifestantes, resultando en al menos 18 muertes y más de 100 heridos.

La masacre generó una condena internacional significativa, incluyendo la reprobación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este suceso marcó un punto culminante en las protestas y provocó que organizaciones internacionales y locales cuestionaran el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno peruano, así como la necesidad de reformar las pautas para el manejo de situaciones de conflicto.

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