Protestas de la generación Z en Perú

Las protestas de la generación Z en Perú surgieron como una respuesta a la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Dina Boluarte en septiembre de 2025. Estos movimientos, protagonizados principalmente por jóvenes menores de 30 años, se desarrollaron como una reacción contra lo que ellos percibían como políticas injustas y corruptas.

El presente artículo aborda las protestas ocurridas entre septiembre y noviembre de 2025, enfocándose en los actores principales y el contexto político que las rodeó. Analiza la influencia de eventos internacionales similares y examina las diversas posturas dentro del movimiento, incluyendo las disputas por la representación de la generación Z.

Antecedentes y reforma

La aprobación del reglamento de la Ley N.º 32123, impulsada por el partido Fuerza Popular (FP), ocurrió en septiembre de 2025 durante el gobierno de Dina Boluarte. Este marco legal introdujo cambios significativos al sistema previsional peruano, incluyendo la afiliación obligatoria a partir de los 18 años y la inclusión de trabajadores independientes como nuevos aportantes.

Durante las semanas siguientes a su aprobación, se generó una ola de críticas hacia la ley. Omar Coronel, profesor de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, destacó que el tema de las AFP afectaba directamente la economía de los jóvenes y señaló la corrupción como un factor clave para entender su indignación.

Tras la aprobación legislativa, se iniciaron movilizaciones espontáneas en rechazo a lo que fue denominada "Ley Pro-AFP". Estas acciones tomaron mayor fuerza con el paso de los días y sirvieron como inspiración para protestas similares ocurridas simultáneamente en Nepal e Indonesia.

El 13 de septiembre, se convocó una manifestación en Lima. Esta fecha marcó el inicio formal de las protestas masivas que involucraron a jóvenes peruanos bajo la denominación "Generación Z", quienes tomaron como símbolo la bandera de One Piece utilizada por movimientos similares en otros países.

En Lima, los manifestantes se concentraron inicialmente en el centro histórico y sus alrededores. Estas acciones iniciales fueron seguidas de disturbios entre policías y participantes, lo que provocó enfrentamientos violentos y daños materiales significativos.

Repercusiones y análisis

Omar Coronel, profesor de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, criticó duramente la corrupción que ha permeado las instituciones gubernamentales y el Congreso de la República. Según Coronel, esta corrupción fue un factor decisivo en la deslegitimación del sistema político, lo cual contribuyó significativamente a la movilización de los jóvenes manifestantes.

Hugo Coya, abogado constitucionalista, señaló que las leyes aprobadas por el Congreso han debilitado al sistema judicial peruano. Estas normativas, percibidas como favorables al crimen organizado y corruptos políticos, han erosionado la confianza ciudadana en los órganos de justicia del país.

Las repercusiones económicas de las protestas fueron significativas, con cierres temporales de empresas mineras y transporte interrumpido. Esto afectó directamente a sectores clave de la economía peruana, como el turismo y la minería, generando preocupación entre los empresarios y analistas financieros.

El análisis político destacó la polarización en torno a las protestas, con voces conservadoras criticando su falta de cohesión y objetivos. Sin embargo, los manifestantes argumentaron que sus demandas se centraban principalmente en la justicia social y el fin del sistema previsional actual, sin aspiraciones revolucionarias ni cambios políticos radicales.

Liderazgo y organización

Los organizadores de las protestas emergieron sin un liderazgo centralizado inicialmente. Diversos grupos, como Red Juvenil 14N Generación del Bicentenario y Jóvenes Líderes para el Perú, asumieron la responsabilidad de coordinar las manifestaciones. Estos colectivos se autodenominaron "representantes reales" de la generación Z y desautorizaron a voceros como Karl Piero Mandros debido a su apoyo a Rafael López Aliaga.

Mientras tanto, Jorge Calmet Zegarra, quien formaba parte del colectivo Jóvenes Líderes, fue atacado por otros grupos independientes que lo acusaban de tener vínculos políticos. Estos ataques reflejaron la disputa interna entre aquellos que veían a Calmet como un portavoz legítimo y quienes lo percibían como una figura con aspiraciones políticas cercanas al partido Primero La Gente.

Leonardo Muñoz, Andrés Mayo y Orlando Carrasco, conocido como Lando, se destacaron como voceros dentro de la Organización de colectivos Generación Z del Perú. Carrasco fue particularmente relevante por su papel en la convocatoria a los transportistas para participar en las marchas del 15 de octubre y su afiliación al partido Perú Moderno.

Las protestas, inicialmente impulsadas contra la "Ley Pro-AFP", expandieron sus demandas conforme avanzaba el conflicto. Los manifestantes exigían cambios más amplios que afectaban a diversos sectores políticos y económicos del país, lo cual dificultó aún más la consolidación de un liderazgo único para representar a toda la generación Z.

En octubre, las protestas se extendieron a ciudades como Moquegua, evidenciando la capacidad de los organizadores para movilizar a jóvenes en distintos puntos del país.

Marchas iniciales

La embajada de Estados Unidos emitió un comunicado expresando preocupación por el desarrollo de las protestas y llamando a todas las partes para que mantuvieran la calma. Este pronunciamiento internacional destacó la necesidad de una respuesta pacífica ante los desafíos legislativos.

El 20 de septiembre, se llevaron a cabo las primeras marchas masivas en Lima y otras ciudades del país. Estas manifestaciones comenzaron con concentraciones en plazas centrales como la Plaza San Martín y el parque Universitario. Los participantes desafiaban al gobierno con carteles que exigían la derogación de la ley recién aprobada.

Durante los disturbios, se reportó un incidente particularmente violento cuando un desconocido disparó un arma en medio del caos, causando pánico entre los manifestantes y generando una respuesta más agresiva por parte de las fuerzas policiales. Este hecho marcó el comienzo de enfrentamientos reiterados entre la policía y los jóvenes manifestantes.

El día 21 de septiembre, la protesta se intensificó con un incremento en el número de participantes y una mayor confrontación con las autoridades. En esta jornada, estudiantes universitarios se sumaron a los transportistas y otros grupos para exigir cambios en la política económica del país.

Desarrollo bajo gobierno de José Jerí

José Jerí asumió la presidencia de Perú el 29 de septiembre de 2025, tras la vacancia del gobierno de Dina Boluarte. Su llegada al poder fue inmediatamente seguida por una polarización entre sectores políticos y sociales que se manifestaron con respecto a las protestas de la generación Z. Mientras los izquierdistas veían en las movilizaciones un reflejo del descontento popular, los conservadores acusaban a los jóvenes manifestantes de ser manipulados por ideologías extremistas y políticas radicales.

Durante su primer mes al mando, Jerí enfrentó la presión de mantener el orden público mientras las protestas continuaban creciendo. El 15 de octubre, una nueva ola de marchas se desató en Lima y varias ciudades del interior del país, donde los manifestantes exigían no solo cambios en el sistema previsional sino también la renuncia del nuevo presidente. Estos eventos tuvieron lugar justo después de que José Jerí anunciara medidas para calmar las tensiones sociales, incluyendo propuestas para reformar leyes que habían sido vistas como discriminatorias por los jóvenes manifestantes.

En medio de este clima de protestas y polarización política, la administración de José Jerí tuvo que gestionar una delicada relación con el Congreso, donde sectores políticos opositores buscaban aprovechar las circunstancias para deslegitimar al gobierno recién instalado. Esto llevó a debates acalorados sobre la eficacia y legitimidad de las acciones del nuevo presidente frente a los desafíos legislativos y sociales que enfrentaba.

El 20 de octubre, durante una nueva jornada de protestas, se produjeron altercados entre manifestantes y fuerzas policiales en el centro de Lima. Estos incidentes resultaron en la detención de más de cincuenta personas, incluyendo líderes estudiantiles y activistas juveniles. La violencia desatada ese día marcó un punto crítico en las protestas, forzando a Jerí a tomar medidas drásticas para controlar la situación y restablecer el orden público.

La vacancia de Dina Boluarte dejó al país con una transición política que complicaba aún más la respuesta gubernamental ante las demandas de los manifestantes.

Constitución del Partido Político

El anuncio sobre la conformación del partido político Generación Z fue hecho oficialmente en noviembre de 2025, un mes después del inicio de las protestas masivas. Este movimiento político emergió como una respuesta directa a los cambios legislativos que afectaban a los jóvenes y aspiraba a representar los intereses de la generación Z en el espectro político peruano. Los fundadores del partido establecieron su plataforma política con un énfasis especial en la reforma educativa, la igualdad de oportunidades laborales y la justicia social.

Durante las semanas posteriores al anuncio de formación, el partido Generación Z comenzó a estructurar sus planes para participar en las elecciones generales del año 2031. Este cronograma electoral incluía la preparación de candidatos, la definición de políticas y estrategias de campaña, así como la movilización de votantes jóvenes. La organización interna del partido se fortaleció a través de reuniones periódicas en las que se discutían los avances y desafíos para consolidar su presencia política.

El partido Generación Z trabajó incansablemente para construir una base sólida entre sus miembros y simpatizantes, enfocándose en la formación de líderes locales y regionales. Este proceso incluyó talleres sobre democracia participativa, capacitaciones en comunicación política y sesiones de planificación estratégica. A medida que se acercaba el plazo para presentar candidaturas oficiales, Generación Z intensificó sus esfuerzos para asegurar su participación formal en las elecciones.

El 15 de octubre de 2026, la Junta Nacional Electoral del Perú confirmó la inscripción oficial del partido Generación Z como entidad política con derecho a participar en los comicios generales programados para el año 2031. Este hito sentó las bases legales y operativas para que el movimiento juvenil pudiera competir de manera formal en el sistema político peruano, marcando un punto de inflexión significativo en la evolución del partido desde su fundación inicial.

Resumen

Las protestas de la generación Z en Perú surgieron como reacción a la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Dina Boluarte en septiembre de 2025. Estos jóvenes, principalmente menores de 30 años, se manifestaron contra lo que percibían como un sistema previsional injusto y corrupto, influido también por protestas similares en Nepal e Indonesia. Las movilizaciones comenzaron de manera esporádica y sin liderazgo centralizado, pero pronto se extendieron a nivel nacional, convirtiéndose en una fuerza política significativa.

Las consecuencias de las manifestaciones incluyeron cambios legislativos y un impacto social notable. Aunque inicialmente se centraron en la oposición a la "Ley Pro-AFP", los jóvenes protestantes expandieron sus demandas para abordar temas más amplios como corrupción e impunidad política. Las movilizaciones tuvieron una cobertura mediática extensa y polarizada, con sectores de derecha e izquierda criticando a los manifestantes por supuestas incoherencias ideológicas. A pesar de las divisiones internas sobre la representación oficial, estas protestas sentaron un precedente para futuras movilizaciones juveniles en Perú, contabilizándose más de 500 detenciones durante el período de manifestaciones.

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